La cultura en estado de alerta
En la zona norte del conurbano bonaerense, la Asamblea de Trabajadores de la Cultura, junto con la delegación Zona Norte de la Asociación Argentina de Actrices y Actores y el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Zona Norte, así como distintos colectivos culturales, están coordinando acciones para manifestar su rechazo a las definiciones presidenciales. Las bibliotecas populares también alzan su voz para defender su presencia en la comunidad.
La comunidad cultural argentina se encuentra en un estado de alerta y movilización ante la amenaza que re-presenta la Ley Ómnibus, enviada por el Ejecutivo nacional al Congreso. Diversos sectores, desde representantes del cine, el teatro, la música, las artes escénicas, hasta librerías, gremios, docentes universitarios y estudiantes, se unen en un esfuerzo conjunto para evitar la aprobación de la ley o lograr modificaciones cruciales.
El proyecto de Ley Ómnibus, impulsado por Javier Milei, plantea desregulaciones que afectarían gravemente a la cultura en el país. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, así como el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Además, el proyecto busca derogar la Ley 25.542, que garantiza un precio único de venta de libros, favoreciendo a los grandes grupos libreros concentrados y en desmedro de las librerías de nicho y de barrio.
En relación con las bibliotecas populares, la medida propuesta busca la eliminación de la Conabip. María del Carmen Bianchi, ex titular de este organismo y referente del sector, expresó su preocupación: «La ley Ómnibus nos está distrayendo de lo fundamental, están queriendo quebrar la representación de los ciudadanos. Desde la cultura, podemos organizarnos para fortalecernos y generar alianzas con otras fuerzas políticas que buscan ocultarse tras las parcialidades».
En la zona norte del conurbano bonaerense, la Asamblea de Trabajadores de la Cultura, junto con la delegación Zona Norte de la Asociación Argentina de Actrices y Actores y el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Zona Norte, están coordinando acciones para manifestar su rechazo a las definiciones presidenciales. Asambleas, ruidazos culturales y festivales son algunas de las formas de protesta que han surgido.
Ya se han realizado acciones culturales en la intersección de avenida Maipú y Villate, en la Quinta de Olivos, con espectáculos de circo, teatro, percusión, títeres, música y danza fueron seguidos por un cacerolazo final frente a la residencia presidencial. En la costa de Acassuso, en el partido de San Isidro, se realizó un festival con shows, títeres, teatro y circo, acompañados de una radio abierta en la que se debatieron los distintos aspectos que el proyecto de ley pone en jaque y se informó a los vecinos, los diversos aspectos del campo de la cultura que afecta abiertamente. Ambas manifestaciones, así como otras realizadas en la región, buscaron visibilizar la resistencia del sector cultural ante las amenazas que plantea la Ley Ómnibus y promover la unidad en defensa de la diversidad cultural y el acceso a las artes en Argentina.
Ante las insistentes manifestaciones de protesta del campo de la cultura, los legisladores se vieron compelidos a negociar con el Ejecutivo nacional algunos cambios. Los pedidos de cambios a la Ley ómnibus los hicieron los bloques del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal (liderado por Pichetto) e Innovación Federal. Sin embargo, si bien algunos medios hegemónicos afines al gobierno, lo plantearon como una derrota de la política cultural de Milei (¿hay una política cultural?), lo conocido hasta el cierre de esta edición ratifica lo esencial de la propuesta original, y en algunos casos, lo agrava.
Uno de los aspectos más controvertidos es el cierre disfrazado del Instituto Nacional del Teatro (INT). Aunque se presenta como un «traspaso» de funciones y recursos a la secretaría de Cultura, el resultado sería la pérdida de la autonomía del INT. La contradicción surge al considerar que, al «traspasar» a los trabajadores del INT a la secretaría de Cultura, estos pasarían a ser empleados del Estado. Esta ambigüedad plantea la posibilidad de despidos y el cierre efectivo del organismo.
La derogación de la Ley de protección a la actividad librera es otra medida que genera preocupación. La eliminación de los precios regulados aumentará el costo de los libros, concentrando el mercado en grandes grupos libreros y provocando el cierre de librerías y editoriales independientes. Escritores y escritoras, que en muchos casos ya trabajan con escasa remuneración, se verán aún más afectados.
El desfinanciamiento y vaciamiento afectan al Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Aunque el FNA no se cierra, su desfinanciamiento compromete su capacidad para respaldar proyectos culturales. La imposición de un tope del 20% para los gastos internos puede llevar al colapso financiero de estas instituciones, especialmente si no se establece un mínimo de ingresos.
La inclusión de «superpoderes» en la «Reforma del estado», permitiendo al Poder Ejecutivo Nacional transformar, modificar o eliminar asignaciones específicas, agrega incertidumbre. Este poder discrecional podría resultar en la apropiación de los recursos presupuestarios de Cultura para otros fines, representando un golpe a los artistas y trabajadores del sector.
En la producción cinematográfica, la obligación de cubrir el 50% del costo de producción para acceder a subsidios perjudica al cine independiente, favoreciendo a las grandes productoras. La derogación de artículos sobre distribución y exhibición podría llevar a que las salas de cine estén dominadas por megaproducciones extranjeras, desplazando la diversidad y el contenido de interés social. La ley esmerila los 94 mil puestos de trabajo de modo directo y 174.000 puestos de trabajo indirectos.
Reconocidos actores y actrices argentinos, entre ellos Ricardo Darín, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Adrián Suar, Natalia Oreiro y Julio Chávez, se unen en una campaña impulsada por la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI) para defender los derechos de propiedad intelectual de los artistas, los cuales se ven amenazados por uno de los artículos de la Ley Ómnibus presentada por Javier Milei.
En una serie de videos difundidos por SAGAI, los artistas expresan su rechazo al artículo 350 de los capítulos II y III de la Ley Ómnibus, que afecta directamente al sector cultural y a los derechos de propiedad intelectual de los artistas en Argentina. La ley propuesta por Milei plantea desregulaciones que impactan gravemente en instituciones y organismos culturales, generando preocupación y movilización en la comunidad artística.
La campaña también destaca la relevancia de la industria cultural argentina, destacando la contribución positiva al país y cómo ésta se ve amenazada por la propuesta legislativa. Los artistas hacen hincapié en que la cultura no es un «privilegio», sino un derecho que debe ser protegido.
Este movimiento de resistencia cultural busca preservar los derechos de los artistas y la diversidad cultural en Argentina, instando a los legisladores a reconsiderar el impacto de la ley propuesta y proteger la riqueza cultural del país. El sector artístico argentino continúa movilizándose en defensa de la cultura y en contra de medidas que amenacen su desarrollo y sustentabilidad.
Ante este panorama, la comunidad cultural argentina se moviliza, resistiendo con asambleas, manifestaciones y un plan de lucha. La defensa de la diversidad cultural y el acceso universal a las artes se convierten en las banderas de esta resistencia que busca preservar la riqueza cultural de Argentina.
