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Editorial: nacer con dosaje positivo

Hay decisiones de gobierno que se parecen al efecto dominó: una medida en una planilla Excel termina derribando piezas mucho más lejos de donde fue tomada. También está el efecto mariposa: un aleteo aparentemente insignificante puede desencadenar consecuencias enormes. En política pública, ese aleteo puede ser un programa que se corta, un insumo que deja de llegar o una prevención que pierde presupuesto. Y cuando el resultado aparece, llega en el cuerpo de una madre y de un recién nacido.

En las principales maternidades del país crecen los nacimientos con dosaje positivo para sustancias psicoactivas. En el Hospital Fernández pasaron de 13 en 2023 a 37 en 2025: un aumento del 185%. La Maternidad Provincial de Córdoba registró un incremento del 142% de embarazadas expuestas a drogas entre 2022 y 2024, y el Hospital José María Cullen, de Santa Fe, tuvo un aumento del 128% en un año.

Pero ni siquiera sabemos cuánto mide el problema. Relevamientos señalan que el aumento puede combinar mayor consumo y mejor detección. El subregistro es una constante: no todos los centros buscan activamente estas situaciones. En Argentina no son de notificación obligatoria, no existe un protocolo nacional unificado ni un sistema de seguimiento para conocer qué ocurre con esos niños.

La ausencia de una política común puede significar que una maternidad detecte, intervenga y acompañe, mientras otra deje pasar una situación que necesitaba atención. Así, para no estigmatizar, puede terminar instalándose otra forma de abandono: mirar hacia otro lado.

Detrás de cada caso hay una realidad social. El material relevado señala que la pobreza alcanza al 52,8% de los hogares monoparentales con jefatura femenina. Son mujeres que cargan con mayores tareas de cuidado y muchas veces con empleos precarios.

El contraste con las políticas nacionales resulta inevitable. Mientras el Gobierno habla de aumentar la natalidad, se redujeron herramientas para prevenir embarazos no planificados y acompañar a quienes deciden maternar. La distribución de anticonceptivos orales e inyectables cayó 53,9% entre 2023 y 2024. Desde agosto de 2025, además, la Educación Sexual Integral dejó de contar con presupuesto específico nacional.

No se puede exigir maternidad mientras se retiran condiciones preventivas que permiten atravesarla con derechos. Tampoco alcanza con conmoverse frente a un recién nacido con dosaje positivo cuando el Estado llega tarde o directamente no llega.

El efecto dominó se mide cuando una estadística se convierte en una vida. Gobernar no debería consistir en cerrar una planilla que da equilibrada, sino en mirar qué sucede después de cada casillero. Cada nacimiento con dosaje positivo debería obligar a preguntarse qué falló. Detrás hay un recién nacido que necesita cuidados, una mujer que necesita apoyo y un Estado responsable de llegar a tiempo. La cadena puede cortarse con prevención, seguimiento y políticas de cuidado que pongan a las personas por sobre la planilla.

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