Denuncian el cierre de la residencia pediátrica en el Garrahan
El emblemático Hospital Garrahan atraviesa una crisis sin precedentes: el ministerio de Salud de la Nación transformó “por las sombras” su célebre residencia de pediatría en una beca sin derechos laborales. Según denunciaron los médicos en formación, dejarán de percibir sueldo en blanco, obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad, para recibir únicamente un estipendio. “No es salario. No hay derechos ni futuro”, alertaron en un comunicado, calificando la medida como un ataque directo al sistema de residencias médicas y una nueva vuelta de tuerca en la precarización de la salud pública.
El descontento se agrava con las penurias cotidianas: salas sin calefacción, pacientes obligados a llevar frazadas, y un éxodo masivo de personal. “Llevamos 210 renuncias este año, 14 solo en los últimos días”, informó Ana Fustiñana, jefa de Clínica de Emergencias. A esto se suman las palabras de Pedro Zubizarreta, jefe de Oncología, quien leyó una carta en la que reclama “respuestas concretas” y advierte que “no nos resignamos al conflicto, defendemos mucho más que un salario”.
La asamblea de residentes insistió en que el Garrahan no podría sostener su funcionamiento sin el aporte esencial de quienes hacen el entrenamiento práctico. En su cuenta oficial en X, recordaron que el prestigio del hospital “no paga el alquiler ni la comida” y que cuatro años de guardias intensas “no se compensan con palmaditas en la espalda”. Según la secretaria general de APyT, Norma Lezana, ya renunciaron 224 profesionales y más de 20 residentes, ante salarios insuficientes —por debajo de 1.800.000 pesos mensuales— para cubrir necesidades básicas.
Frente al silencio oficial tras el fracaso de la tercera audiencia por recomposición salarial —a la que no asistieron ni directivos del Garrahan ni representantes del Ministerio—, los trabajadores anunciaron paros de 24 horas para el 10 y el 17 de julio, además de una movilización federal desde el Congreso hasta Plaza de Mayo el día 17, que se replicará en otras provincias. Lezana reclamó también la urgente sanción de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y no descartó un paro nacional convocado por las centrales obreras.
En respuesta, el ministro Mario Lugones utilizó sus redes sociales para ofrecer “contratos directos con el hospital, sin descuentos y con posibilidad de bonos”, presentando el cambio como una opción de “formación legítima, no explotación”. Sin embargo, en la asamblea del Garrahan calificaron la propuesta como un retroceso: “Quitar derechos no es soluciones. No se resuelve con slogans ni tuits”, replicaron.
El conflicto deja al descubierto la tensión entre un modelo formativo que los residentes consideran insostenible y la urgencia de defender un sistema sanitario que, a su entender, pierde calidad al desmantelar las condiciones laborales de sus profesionales más jóvenes.
