Gestión Milei: aumenta el desempleo en el país
El devastador retroceso económico que atraviesa el país se refleja en la última actualización del Instituto Nacional de Estadística y Censos: la tasa de desempleo se elevó al 7,9 %, cifra que equivale a 1,8 millones de argentinos sin trabajo, el nivel más alto de los últimos cinco años. Este incremento —0,2 puntos por encima del mismo trimestre de 2024 y 1,5 respecto al trimestre inmediato anterior— evidencia el impacto de las políticas de primarización y la creciente informalidad laboral.
Los jóvenes son, sin duda, los más afectados: los varones menores de 29 años concentran el 26 % de la población desocupada y las mujeres de la misma franja etaria no quedan muy atrás. Además, el informe señala que el 42 % de los trabajadores cuenta con empleos informales —8,9 millones de personas—, una cifra que supera en 400 000 los registros de comienzos de 2024. A ese grupo se suman los subocupados —quienes buscan horas extras para completar sus ingresos—, con una tasa del 7 %, prácticamente inalterada respecto al año pasado.
La crisis no se limita al mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, se disolvieron 13.862 empresas registradas en todo el país, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los sectores más golpeados fueron Transporte y Almacenamiento (–3.502 empresas), Comercio mayorista y minorista (–2.165), Construcción (–1.760), Actividades inmobiliarias (–1.673), Servicios profesionales y técnicos (–1.613) e Industria manufacturera (–1.347). En términos proporcionales, Transporte y Almacenamiento encabeza la lista con una caída del 8,87 % de empleadores, seguido por Construcción, con un 8,09 %.
El grueso de la desocupación se concentra en la zona metropolitana: el Gran Buenos Aires presenta un desempleo del 9,7 % (822.752 personas sin trabajo) y la región Pampeana alcanza el 7,4 %. Ciudades como Santa Rosa (9,7 %), Córdoba (9,2 %), La Plata (8,7 %) y San Nicolás–Villa Constitución (8,5 %) ilustran la degeneración de la industria regional, donde despidos masivos en el sector público y en fábricas, tanto pymes como grandes firmas, están a la orden del día.
Este cuadro sombrío responde, según analistas críticos, a un «plan de desguace» orientado a convertir a nuestro país en proveedor de materias primas para los grandes grupos económicos concentrados. Bajo esa lógica, se habría ido implementando informalmente una reforma laboral: la Comisión Nacional de Valores acaba de impulsar un régimen de fondos de cesantía consensuado entre empresas y sindicatos, que traslada al trabajador la responsabilidad de financiar su propia indemnización.
Frente a este escenario, la Plaza de Mayo volvió a colmarse de manifestantes el miércoles pasado. La convocatoria, que surgió en rechazo a la proscripción de Cristina Fernández y al modelo económico imperante, expresó con claridad el descontento popular: «Nos echan y además nos hacen pagar por ello», resumieron los oradores, apuntando al gobierno como ejecutor de las políticas que, advierten, sepultan las condiciones de vida de la mayoría.
