Los servicios siguen esquilmando los bolsillos de los argentinos

Un nuevo informe volvió a poner bajo la lupa el impacto del esquema tarifario aplicado durante la gestión de Javier Milei. Según el estudio, las tarifas de los servicios públicos aumentaron 762% entre 2023 y 2025, muy por encima de una inflación acumulada de 334%. En paralelo, las empresas privadas del sector mejoraron sus resultados en 55%, mientras que los hogares llegaron a destinar alrededor del 14% de sus ingresos al pago de energía, gas y agua.

El diagnóstico forma parte de un trabajo elaborado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, que conduce Claudio Lozano, y describe con cifras el rumbo de un modelo económico orientado a actividades extractivas y exportadoras, con menor intensidad en empleo, y a un conjunto de compañías de servicios que se vieron favorecidas por la liberación tarifaria. El resultado, advierte el informe, fue una transferencia de ingresos desde los usuarios hacia las empresas, en un contexto en el que cada vez cuesta más llegar a fin de mes.

Bajo el título “Las privatizadas con Milei. Tarifazos, ganancias extraordinarias y reticencia inversora”, el documento sostiene que el rubro electricidad, gas y agua se ubicó entre los de mayor incremento dentro de la economía. Entre 2023 y 2025, mientras el índice de precios implícitos del conjunto de la economía avanzó 334%, los servicios públicos regulados treparon 762%. Para los investigadores Gustavo García Zanotti y Martín Schorr, ese comportamiento convirtió a la canasta básica de servicios en uno de los principales factores de presión sobre el presupuesto familiar.

El trabajo remarca además que el peso de esos servicios ya supera el 14% del salario promedio registrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero aclara que ese promedio encubre una carga todavía más pesada sobre los trabajadores informales, los hogares de ingresos bajos y los sectores de la economía popular. En ese sentido, el informe plantea que la reducción de subsidios fue uno de los pilares del superávit fiscal, aunque el alivio para las cuentas públicas se apoyó en un traslado mayor del costo hacia los usuarios.

“La baja del gasto estatal no implicó una caída equivalente del costo del sistema, sino su corrimiento hacia las tarifas pagadas por hogares, comercios y pymes”, resume el análisis. Dicho de otro modo, el supuesto ahorro fiscal se sostuvo sobre una transferencia de recursos hacia las empresas prestadoras.

En otro tramo, el informe contrasta sus datos con una medición difundida por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, que para el AMBA calculó un aumento de 919% en la canasta de servicios públicos, frente a una inflación general de 236%. La comparación refuerza la idea de que las tarifas crecieron a un ritmo mucho más acelerado que el resto de los precios.

El estudio también subraya que las empresas del sector mejoraron su rentabilidad. En una muestra de 18 firmas de servicios públicos, los ingresos por ventas subieron 28% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que el valor bruto de producción de toda la economía apenas avanzó 1%. A eso se sumó un incremento de más de 55% real en la masa de beneficios agregados, impulsado por la recomposición tarifaria y el nuevo esquema regulatorio.

Entre los grupos beneficiados, Lozano menciona a actores de peso como Eurnekian, Rocca/Techint, Vila-Manzano, Pampa Energía, Brito, Bemberg, Reca y Neuss. En particular, el denominado “caso Neuss” aparece señalado como uno de los grandes ganadores de la etapa Milei. Vinculado a la familia Caputo, el holding amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica a partir de operaciones habilitadas por la Ley Bases.

Sin embargo, el informe advierte que el aumento de la rentabilidad no se tradujo en una expansión proporcional de las inversiones. La inversión productiva de la muestra pasó de representar 15% de las ventas en 2023 a 11% en 2024 y 14% en 2025. El dato, señalan los autores, muestra que mejoraron los márgenes empresariales, pero no hubo un salto equivalente en infraestructura.

Parte de ese excedente, además, habría sido derivado a activos financieros. El trabajo indica que varias prestadoras incrementaron sus posiciones en fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros instrumentos de corto y mediano plazo. En algunos casos, esas tenencias llegaron a representar una porción muy alta de la facturación.

Entre las compañías mencionadas figuran Aeropuertos Argentina 2000, Autopistas del Sol, TGS, TGN, Pampa Energía, Telecom, Edenor, Central Puerto, Edesur y Camuzzi. Según el relevamiento, TGS mantenía a fines de 2025 activos financieros por 1.239 millones de dólares, equivalentes al 105% de su facturación. Pampa Energía registraba 1.173 millones de dólares; Edenor, 582 millones; Telecom, 553 millones; Central Puerto, 373 millones; TGN, 192 millones; AA2000, 170 millones; y Autopistas del Sol, 29 millones.

El panorama que deja el informe es el de un sistema en el que los fuertes aumentos tarifarios mejoraron la ecuación de las empresas privatizadas, pero al mismo tiempo agravaron la carga sobre millones de usuarios. En ese equilibrio desigual, concluye el estudio, el ajuste no recayó sobre los balances corporativos, sino sobre el bolsillo de la población.