Otro caso de corrupción, ahora en la Quinta de Olivos
María Belén Agudiez dejó la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. Su salida se conoció luego de que la diputada Marcela Pagano ampliara una denuncia ante la Justicia por presuntas irregularidades en la administración de la Quinta de Olivos. La presentación plantea posibles desvíos de alimentos adquiridos con fondos públicos hacia un emprendimiento privado de catering.
La Quinta Presidencial de Olivos quedó en el centro de una investigación judicial que suma nuevas acusaciones sobre el manejo de las compras, contrataciones y servicios dentro de la residencia oficial. El episodio tuvo además una derivación política de peso: el Gobierno formalizó la renuncia de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y dirigente considerada cercana a Karina Milei.
La salida fue oficializada mediante el Decreto 1055/2026, publicado el 21 de septiembre en el Boletín Oficial. La norma establece que la renuncia rige desde el 20 de septiembre y fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El decreto no especifica los motivos del alejamiento y se limita a aceptar la dimisión y agradecer a la funcionaria por los servicios prestados.
La renuncia se produjo en paralelo con la reestructuración de la Quinta de Olivos, que incluyó el desplazamiento de 12 trabajadores civiles y el traspaso de responsabilidades de seguridad y administración hacia la Casa Militar.
Una denuncia que apunta a las compras de alimentos
En este contexto, la diputada nacional Marcela Pagano presentó nuevas ampliaciones de una denuncia que ya había realizado por presuntas irregularidades en la administración de la residencia presidencial. La legisladora sostiene que existen elementos para investigar un posible circuito mediante el cual bienes adquiridos por el Estado podrían haber terminado abasteciendo a un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”.
La acusación vincula ese emprendimiento con Analía Agudiez, hermana de María Belén Agudiez y pareja de Osvaldo Javier Sosa, quien hasta los recientes cambios se desempeñaba como administrador o intendente de la Quinta de Olivos. Las vinculaciones y el supuesto destino de los insumos forman parte de la denuncia y deberán ser determinados por la investigación judicial.
Uno de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la compra de alimentos. Según la documentación difundida por Pagano, una licitación contemplaba la adquisición de 29.505 kilogramos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para un período de seis meses. Del total, 20.370 kilos correspondían a la Casa de Gobierno y 9.135 kilos a la Residencia Presidencial de Olivos.
La legisladora plantea que debe determinarse cuál fue efectivamente el destino de esos productos y si parte de las mercaderías adquiridas con fondos públicos pudo haber sido utilizada en actividades comerciales privadas.
La hipótesis denunciada sostiene que una parte de los alimentos destinados a la residencia presidencial habría sido derivada a Pancitos Caseros, que los habría utilizado en eventos y servicios gastronómicos para terceros. Se trata, por ahora, de una hipótesis incorporada a una denuncia y no de un hecho judicialmente probado.
El vínculo entre funcionarios y el emprendimiento
Otro de los elementos aportados por Pagano son documentos vinculados con seguros de accidentes personales. Según la información difundida sobre la denuncia, pólizas emitidas en marzo de 2024 identificaban a trabajadores de la Casa Rosada y al entonces responsable de la Quinta de Olivos como integrantes del “personal de catering” de una empresa privada.
La presentación busca establecer si existió una utilización de recursos humanos y materiales del Estado en beneficio de una actividad privada.
También se cuestiona el circuito administrativo utilizado para la adquisición y recepción de los alimentos. El planteo apunta a determinar quién establecía las cantidades requeridas, quién recibía la mercadería y qué mecanismos existían para controlar su utilización efectiva.
Un proveedor por más de $600 millones
La denuncia de Pagano también incorpora otro episodio que había sido señalado en su presentación original: el supuesto uso de la identidad de un jubilado como proveedor del Estado para operaciones por más de 600 millones de pesos.
Según la diputada, se trataría de una persona sin patrimonio ni vivienda propia que habría sido utilizada formalmente para facturarle a la Presidencia. Esa acusación también se encuentra dentro del conjunto de hechos que deberán ser investigados para establecer responsabilidades y determinar si existieron efectivamente maniobras de defraudación.
Las nuevas presentaciones incorporan además cuestionamientos sobre otros contratos y compras realizadas en la Quinta de Olivos. Entre ellos aparecen la contratación de servicios de jardinería, la adquisición de carritos de golf y la compra de aromatizantes de la marca Saphirus. Pagano vinculó algunos de esos negocios con personas relacionadas con el entorno de Agudiez.
La reorganización de la Quinta
Las denuncias se conocen pocos días después de que el Gobierno decidiera modificar de manera sustancial el funcionamiento de la residencia presidencial.
La administración de la Quinta de Olivos fue disuelta y sus funciones fueron trasladadas hacia la Casa Militar. Como parte de ese proceso, 12 empleados civiles fueron desvinculados y otros agentes fueron reasignados. El Gobierno explicó la medida en función de una reorganización y de cuestiones relacionadas con la seguridad presidencial y presuntas filtraciones de información.
Entre los desplazados estuvo Osvaldo Javier Sosa, quien estaba al frente de la administración de la residencia.
El momento elegido para la reestructuración pasó a formar parte de la discusión pública debido a que coincidió con la aparición de las denuncias sobre el funcionamiento interno de la Quinta. La diputada Pagano sostiene que existe una relación entre ambos episodios, aunque esa interpretación forma parte de su denuncia y no constituye una conclusión establecida por la Justicia.
ATE cuestionó el desplazamiento del personal civil
La reorganización también generó críticas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato reclamó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos y cuestionó el traspaso de funciones civiles hacia la estructura militar.
Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida forma parte, a criterio del gremio, de un proceso más amplio de creciente participación militar en áreas que anteriormente estaban ocupadas por trabajadores civiles. ATE también manifestó su preocupación por el reemplazo de empleados civiles en organismos vinculados con las Fuerzas Armadas.
El sindicato relacionó además los despidos de Olivos con otros cambios en la estructura estatal. Según datos difundidos por ATE y reproducidos en las denuncias, durante la actual gestión fueron desvinculados más de 300 trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y existen nuevos planes de reducción de personal civil.
El Gobierno, por su parte, justificó los cambios en Olivos por razones de seguridad y por la necesidad de reorganizar el funcionamiento de la residencia presidencial.
Una investigación que deberá determinar responsabilidades
El caso reúne así varios planos: una denuncia penal por presuntas irregularidades en compras y contrataciones, la salida de una funcionaria que ocupaba un puesto dentro de la Secretaría General de la Presidencia, el desplazamiento del administrador de Olivos y de trabajadores civiles, y el traspaso de la residencia a la órbita de la Casa Militar.
La documentación presentada por Pagano plantea posibles delitos vinculados con el uso de recursos públicos y solicita que se investigue si existió un circuito de desvío de mercaderías y servicios hacia actividades privadas. La Justicia deberá determinar si las operaciones denunciadas existieron, cuál fue su alcance, quiénes intervinieron y si generaron un perjuicio económico para el Estado.
Por el momento, la única decisión formal vinculada directamente con la funcionaria cuestionada es la aceptación de su renuncia mediante el Decreto 1055/2026. El texto oficial no atribuye la salida a las denuncias ni menciona una investigación penal.
Mientras tanto, el caso de la Quinta de Olivos continúa sumando elementos y coloca bajo escrutinio judicial y político el funcionamiento de una de las principales residencias oficiales del país.
