UBA: SÍ a las auditorías, NO a la intervención
A través de un comunicado, la Universidad de Buenos Aires explicó por qué el Poder Ejecutivo, a través de la SIGEN, intenta intervenir en las universidades públicas para controlar lo que se enseña y aprende.
A través de un documento, la UBA informó que realizará una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y aclaró detalladamente cuáles son los mecanismos de auditoría a los que se somete regularmente en cumplimiento de las leyes vigentes. La UBA señaló que defenderá el principio de la Libertad de cátedra utilizando todos los medios y recursos q estén a su alcance
“SÍ a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas” es el título del documento a través del cual la UBA detalla cómo rinde sus gastos regularmente mediante todos los mecanismos que marca la legislación vigente y la convierte en uno de los entes más auditados y controlados del sector público. Se explica, además, que solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso de la Nación, que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en los años anteriores. Además, enuncia que decidió “realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad”, a fin de seguir brindando información transparente y de acceso público a la ciudadanía.
Por otra parte, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no posee las competencias para auditar a las universidades nacionales, ya que: “El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”.
Denuncia que detrás de las acusaciones de falta de transparencia, hay un “ataque ideológico a la idea misma de la universidad libre, gratuita, y masiva” y manifiesta que el Poder Ejecutivo quiere controlar la libertad académica. Asimismo, subraya que la autonomía “protege el derecho a la educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; y la resguarda de la intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno” y que sin ella, “no hay educación libre” porque “se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuando el gobierno quiere, donde el gobierno quiere, y a quienes el gobierno quiere”.
Por lo tanto, la UBA resolvió, además de solicitar una auditoría externa independiente, “llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley”.
SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.
Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.
La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo.
Por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir
en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023. Además, ha decidido
realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes
realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de
seguir brindando información indudable a la ciudadanía.
La UBA rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y
auditados del sector público.
La universidad es controlada y rinde cuentas a:
▶ la Auditoría General de la Nación (AGN); órgano de control externo dependiente del
Congreso. Compuesta por 7 auditores de los distintos partidos políticos (para garantizar
transparencia y control).
▶ el Poder Legislativo; a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del
presupuesto anual.
▶ el Poder Ejecutivo; con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas
Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano; y balances semestrales a la
Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía.
▶ la Auditoría General de la Universidad, independiente de la administración universitaria,
cuyo titular es designado por el Consejo Superior, órgano colegiado donde están
representados todos los claustros y los distintos espacios políticos.
▶ y a toda la sociedad a través de la publicación en la web institucional de los informes de su
auditoría interna y el desarrollo de sus políticas de transparencia.
La SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) depende directamente del Presidente y la
Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo. El artículo 98
de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la SIGEN
puede controlar a “las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los
organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del
mismo”. Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por
lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco
competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una
opinión de la Universidad: es la letra de la ley.
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La SIGEN no aporta transparencia a las Universidades.
La SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la
ciudadanía.
La SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene
que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En
suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información
con que cuentan los ciudadanos.
¿Por qué se sigue acusando a la Universidad de falta de transparencia?
Porque detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque
ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva.
Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su
presupuesto.
La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. Lo que el
Ejecutivo quiere “controlar” es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se
enseña. Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón
del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o
disciplinas son valiosos y cuáles no, qué docentes pueden enseñar y cuáles no, qué alumnos
tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no. La autonomía protege el derecho a la
educación universitaria libre y gratuita de todas y todos los argentinos; la resguarda de la
intervención y arbitrariedad de los gobiernos de turno.
Sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere,
cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere.
La UBA cumplió doscientos años en 2021. Durante dos siglos la Argentina invirtió recursos,
esfuerzos, trabajo y esperanzas en la construcción de una universidad pública de excelencia
que es hoy una de las mejores del mundo – como lo afirman los rankings internacionales-,
es la usina más grande de creación de valor que tiene el país y el principal mecanismo de
ascenso social con que cuenta gran parte de la población.
Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de
someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría
externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién
debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único
órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar
debidamente la ley.
Acataremos de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en
nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni
sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la
Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos.
