Impulsan un proyecto de ley para el financiamiento de los Bomberos Voluntarios

La diputada radical Priscila Minnaard presentó un proyecto para modificar la ley que regula los recursos destinados a los cuarteles bonaerenses. La iniciativa prevé incrementar progresivamente la participación del Impuesto Inmobiliario y establecer una distribución que contemple tanto la población como la extensión territorial de cada distrito.

Frente a las dificultades presupuestarias que atraviesan los cuerpos de Bomberos Voluntarios, la diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Priscila Minnaard, impulsó una propuesta legislativa para reformular el sistema de financiamiento de estas instituciones y garantizarles recursos acordes con las exigencias de su tarea.

El proyecto plantea modificar la Ley 14.761 mediante la eliminación progresiva del límite vigente para la asignación de fondos, con el objetivo de establecer un mecanismo de sostenimiento económico más estable y previsible para los cuarteles de toda la provincia de Buenos Aires. La iniciativa se presenta en un contexto de reclamos del sector por los recortes de recursos dispuestos por el gobierno nacional de Javier Milei.

El esquema diseñado por la legisladora establece un incremento escalonado de la participación del Impuesto Inmobiliario destinado a los bomberos: será del 1,5% en 2027, subirá al 2% en 2028 y llegará al 3% a partir de 2029, porcentaje que se mantendría durante los años posteriores.

Minnaard sostuvo que la aplicación gradual de estos cambios busca compatibilizar las necesidades financieras de las instituciones con las posibilidades presupuestarias de la administración provincial. Según explicó en los fundamentos del proyecto, el cronograma permitirá evitar desequilibrios en las cuentas bonaerenses y, al mismo tiempo, ofrecer a los cuarteles un horizonte de previsibilidad para organizar sus gastos e inversiones.

Un reparto que contemple las diferencias territoriales

La propuesta también incorpora cambios en los criterios utilizados para distribuir los recursos recaudados. El mecanismo contempla dividir los fondos en dos partes: la mitad se asignará en proporciones iguales entre los cuarteles, mientras que el 50% restante se distribuirá de acuerdo con dos indicadores objetivos, la cantidad de habitantes y la superficie de cada territorio.

Con este sistema, la legisladora busca evitar que las diferencias demográficas determinen por sí solas el acceso al financiamiento. La intención es contemplar tanto las demandas de los cuerpos que prestan servicios en grandes centros urbanos como las necesidades de aquellos que operan en localidades pequeñas, áreas semiurbanas y extensas zonas rurales.

Para Minnaard, el diseño de un sistema de distribución equilibrado resulta fundamental para reconocer las distintas realidades operativas de la provincia y asegurar que los recursos lleguen de manera más justa a las instituciones que deben responder ante incendios, accidentes y otras emergencias.

La iniciativa es resultado de reuniones y conversaciones con representantes de distintos espacios legislativos y entidades bomberiles, en busca de consensuar una propuesta que responda a los planteos del sector. La diputada destacó especialmente el trabajo realizado junto con las federaciones de Bomberos Voluntarios bonaerenses y señaló que la participación de estas organizaciones permitió incorporar las necesidades expresadas por los propios cuarteles.

La legisladora, representante de la Sexta sección electoral, consideró que fortalecer estas instituciones constituye una medida central para la protección de la población. En ese sentido, remarcó que el trabajo de los bomberos voluntarios es indispensable para la seguridad pública y que garantizar su funcionamiento supone proteger tanto la vida de los habitantes como sus bienes.

Otro proyecto para actualizar el fondo bomberil

La iniciativa se suma a otra propuesta que Minnaard presentó en marzo para actualizar el monto máximo del fondo destinado a los Bomberos Voluntarios, también contemplado en la Ley 14.761.

Ese límite, según advirtió la legisladora, lleva cuatro años sin modificaciones. Para corregir el atraso, propuso reformar el artículo 2 de la normativa y establecer un tope de 700 millones de pesos, acompañado por un mecanismo de actualización anual.

El proyecto contempla que el monto se reajuste de acuerdo con la reglamentación correspondiente o, en su defecto, en función de la inflación registrada durante el año anterior. La finalidad es evitar que la pérdida del poder adquisitivo reduzca progresivamente la capacidad de asistencia del fondo.

Ambas iniciativas apuntan a revisar el esquema vigente desde dos perspectivas complementarias: por un lado, actualizar los montos disponibles para sostener la actividad y, por otro, establecer una fuente de financiamiento con una evolución programada y criterios de distribución que contemplen las particularidades de cada región.

El debate legislativo sobre estas propuestas se inscribe en una discusión más amplia acerca de los recursos necesarios para mantener operativos a los cuarteles, renovar equipamiento y garantizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Para el sector, disponer de fondos suficientes y previsibles resulta determinante para sostener un servicio comunitario que depende en gran medida del compromiso de sus integrantes y que cumple una función esencial en todo el territorio bonaerense.