El jueves, paro nacional de ATE
La medida de fuerza de 24 horas se realizará este jueves 15 de octubre y tendrá alcance nacional. El gremio estatal reclama la derogación completa del decreto de Javier Milei. También habrá movilizaciones en las provincias y una protesta coincidente con la Marcha Federal Universitaria.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este jueves 15 de octubre una huelga nacional de 24 horas, acompañada por movilizaciones en distintos puntos del país, para reclamar la anulación integral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria central será frente al Congreso de la Nación, a partir de las 13.30, mientras que las seccionales provinciales definirán sus propias modalidades de protesta.
La medida impactará sobre numerosas dependencias y servicios públicos, tanto nacionales como provinciales y municipales. En el ámbito sanitario se mantendrán guardias mínimas en los hospitales y se atenderán exclusivamente urgencias en los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el objetivo de la jornada debe ser la eliminación completa del decreto y cuestionó las consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”, afirmó, al considerar que las disposiciones incluidas en la norma perjudican a los trabajadores y favorecen a los sectores económicos concentrados.
El dirigente también rechazó que el Poder Ejecutivo continúe adoptando decisiones de alcance legislativo mediante decretos. Según expresó, las iniciativas que no obtienen respaldo electoral suficiente buscan avanzar por esa vía, aun cuando el Congreso se encuentra en funcionamiento.
Aguiar calificó al DNU como una herramienta favorable a las grandes corporaciones y recordó que su contenido abarca modificaciones y derogaciones de más de 300 leyes. Entre otras medidas, cuestionó la eliminación de la Ley de Tierras, los cambios en las regulaciones de alquileres y góndolas, la posibilidad de privatizar empresas públicas y las disposiciones vinculadas al comercio exterior.
Para el titular de ATE, el decreto excede una reforma administrativa y económica y representa un avance sobre derechos y regulaciones que considera fundamentales. También argumentó que no se encuentran reunidas las condiciones constitucionales de necesidad y urgencia que justificarían el uso de esta herramienta excepcional.
Amplia afectación de servicios públicos
La huelga alcanzará a distintas áreas de la administración pública y a trabajadores que cumplen funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del Estado. Entre los sectores que podrían verse afectados figuran la recolección de residuos, los auxiliares de educación, la Guardia Urbana, los servicios migratorios y los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas.
También se prevén interrupciones en actividades vinculadas con los medios públicos, el combate de incendios forestales, el tránsito, el control aéreo y las tareas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). A su vez, la medida comprenderá servicios de mantenimiento en instalaciones nucleares y distintas prestaciones públicas en municipios y provincias.
En el sector aerocomercial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente los vuelos sanitarios y de Estado. Por su parte, las oficinas del PAMI y de la ANSES limitarán su atención a las situaciones de emergencia.
La extensión concreta de las interrupciones dependerá de la organización sindical en cada jurisdicción y de las características de los servicios involucrados.
Una jornada atravesada por el reclamo universitario
La movilización de ATE coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre las principales demandas del sector académico se encuentran la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.
La coincidencia de ambas convocatorias reunirá reclamos de trabajadores estatales y de la comunidad universitaria en una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno nacional.
Con el paro y las movilizaciones, ATE buscará instalar nuevamente la discusión sobre el alcance del DNU 70/23 y exigir que el Congreso avance con su derogación total. La conducción nacional del gremio sostiene que la norma vulnera derechos laborales y sociales, modifica regulaciones centrales de la economía y habilita transformaciones que, a su entender, deberían debatirse y resolverse mediante los mecanismos legislativos ordinarios.
